La calidad en la educación se ha convertido en un aspecto exigido transversalmente por la sociedad. Para ello se necesita un modelo que sea competente a la hora de evaluar el aseguramiento de los recursos, procesos de enseñanza y el impacto del aprendizaje en los estudiantes, es por esto que, el 29 de mayo de 2018, se promulgó la nueva Ley 21.091 que considera la evaluación hacia las instituciones, carreras y programas de pregrado y postgrado.
Esta normativa incluye nuevas dimensiones a los requisitos de acreditación para las instituciones de educación superior, uno de estos criterios más destacables son la investigación, creación y/o innovación, un aspecto que puede ser acreditado de manera voluntaria y un área que estos últimos años el CFT San Agustín ha buscado potenciar mediante diversas acciones e instancias.
Nuestro Rector y Secretario General del Consejo de Rectores de IP y CFT Acreditados (Vertebral), Sergio Morales, en conversación con El Mercurio, definió esa incorporación al proceso como un gran desafío para su sector y, a la vez, una muy buena señal sobre la madurez alcanzada por estas entidades.
Si bien su entrada en vigencia será a partir del 1 de octubre de 2023, las Casas de Estudio se encuentran en preparación para lograr cumplir con estas dimensiones obligatorias y optativas. En esa línea, la máxima autoridad del CFT San Agustín, plantea que el mayor reto para las instituciones de educación superior técnico-profesionales es lograr generar o adaptar sus capacidades internas y ponerlas al servicio del territorio.
“Esto requiere que se realice una reflexión y decisión respecto de dónde están las fortalezas internas y las oportunidades externas, pero también de un decidido apoyo de recursos financieros por parte del Ministerio de Educación, pues los aranceles regulados y la limitación al crecimiento no dejan alcanzar esta virtuosa consolidación entre innovación y territorio”, advierte el directivo.
